Las protectoras denuncian que se cede su gestión a «empresas desratizadoras»EL MUNDO. VIERNES 14 DE JUNIO DE 2013(Marta Belver)
A Rocky, que sufre ansiedad, no es sencillo encontrarle una familia de adopción en la que pueda encajar.
Hasta ahora su situación no era crítica, porque la asociación Abandonados
gestionaba la perrera municipal de Majadahonda con la consigna «sacrificio cero» y paciencia infinita para buscar hogares idóneos. Pero a este cruce de setter inglés la tortilla se le puede dar la vuelta el 15 de julio, cuando su futuro pase a manos de una compañía especializada en «servicios y obras ambientales».
Algunas protectoras de mascotas en la Comunidad de Madrid denuncian que los ayuntamientos están propiciando que sean «empresas desratizadoras» las que ganen los concursos de gestión de las perreras municipales. «Siempre se ha primado lo económico por encima de la prevención del abandono y la rehabilitación de las especies, pero ahora han bajado mucho los precios [de las licitaciones] hasta hacerlos inviables para organizaciones como las nuestras», afirma Beatriz Menchén, vicepresidenta de La Voz Animal.
En el caso de Majadahonda, por ejemplo, el Ayuntamiento ha hecho una convocatoria pública para conceder la gestión del centro integral canino de la localidad con una contraprestación económica máxima de 80.609 euros anuales. La firma Talher, que se encarga de hacer «gestión integral de fauna», incluido el «control de plagas», se ofreció a prestar el servicio por 65.000 y ha resultado la adjudicataria del mismo. «No hace falta ser matemático para saber que sólo en los sueldos de las cuatro personas que tiene que haber contratadas obligatoriamente ya se va a ir ese dinero, a lo que hay que sumar los 11.000 euros al año que cuesta la depuradora, la luz, la alarma perimetral, el seguro de responsabilidad civil…», enumera Catia Teixeira, presidenta de Abandonados, la organización encargada hasta ahora de la gestión de las instalaciones. «Está claro que es más barato sacrificar a los animales que mantenerlos vivos hasta que los adopten», añade sin ocultar su preocupación.
La Voz Animal denunció hace unos meses un caso similar en Parla, donde la compañía Athisa Residuos Biosanitarios obtuvo la mayor puntuación en el proceso de licitación. «Lo más grave de todo es que el Ayuntamiento blindó el concurso para que sólo pudieran acceder a él empresas desratizadoras», subraya Menchén, que considera que ese procedimiento fue «ilegal».
En su opinión, el grado de protección municipal para las mascotas abandonadas «no depende ni siquiera del partido, sino del político de turno». «Como los miembros de los equipos de gobierno no tengan ni perro ni gato se acabó la sensibilidad… es como si les hablaras en chino», apostilla.
En el Ayuntamiento de Majadahonda (PP) argumentan que han invertido cerca de medio millón de euros «en mejorar y adecuar las instalaciones del centro integral canino». «A mí me hubiera gustado que Abandonados siguiera con la gestión, porque estoy muy satisfecho con su trabajo (…), pero no podemos saltarnos la legalidad. El concurso ha sido abierto y absolutamente transparente y lo ha ganado la oferta que cumplía con todos los requisitos», afirma el alcalde, Narciso de Foxá.
Por su parte, el equipo de Gobierno de Parla (PSOE) no ofrece datos de cuántas mascotas se han sacrificado desde que Athisa asumió la gestión de la perrera municipal. A cambio, señala que el pliego del concurso para la adjudicación de su gestión «recoge el compromiso de no practicar la eutanasia a ningún animal salvo que éste presente heridas o enfermedades incompatibles con la vida y siempre con la autorización de un veterinario que acredite que ésta es la única opción».
En las antípodas de la falta de sensibilización con la protección de perros, gatos y otras especies las protectoras sitúan al Ayuntamiento de Alcorcón, esencialmente desde la llegada al mismo de David Pérez (PP). Una de las medidas que ha adoptado desde entonces es la aprobación de multas de hasta 3.000 euros para aquellos vecinos que «abandonen, maltraten, agredan físicamente o provoquen sufrimiento injustificado» a animales.
Ajenos a las políticas municipales, Rocky y sus compañeros del centro integral canino esperan a que una familia adoptante les dé un hogar antes del próximo 15 de julio. Antes de que, a lo peor, sea
para ellos demasiado tarde.
