La mayoría de las mujeres maltratadas que tienen a su cargo una mascota retrasan su salida del hogar, pese al riesgo que conlleva, porque no tienen un lugar seguro donde dejarla y evitar que se convierta, si es que no ha ocurrido aún, en el blanco ideal para que el agresor continúe ejerciendo su dominio a través del terror y el chantaje.
La amenaza de maltrato o la brutalidad efectiva sobre el animal son estrategias intimidatorias que, ejercidas con malicia, empujan a la mujer a permanecer en un cepo en el que la violencia acabará por desbordarse. Según José Capacés, Coordinador de la Comisión Ética de AVEPA (Asociación de Veterinarios Españoles de Pequeños Animales), la espiral se inicia con abusos verbales e insultos; después el agresor rompe todo aquello que puede tener un valor simbólico para el otro miembro de la pareja y, seguidamente, en su lucha por el control encuentra al elemento más desvalido de la comunidad familiar: “el que golpea a un animal, afirma Capacés, se socializa con la violencia y a partir de este momento, será muy fácil que continúe”. Prueba de ello son las investigaciones y evidencias clínicas que, a finales de octubre, dio a conocer la Fundación AVEPA: Veterinarios y Sociedad en una jornada de puertas abiertas en la que durante ocho horas se analizó la escabrosa relación que vincula el maltrato animal y el abuso a mujeres, niños, ancianos y discapacitados.
El Ayuntamiento de Madrid, tal y como explicó Rosa Mª García Neveo, Asesora Técnica de Programas de la Mujer, ha dispuesto algunas plazas para acoger temporalmente a mascotas que procedan de estos hogares violentos con la garantía de que la confidencialidad de los datos queda asegurada para que la dueña del animal no pueda ser localizada en caso alguno por el maltratador. A título particular, ALBA representada en el 41 Congreso Nacional de AVEPA por su Presidenta, Carolina Corral Novoa viene realizando esta función social desde hace largo tiempo. Está, por consiguiente, en nuestro ánimo colaborar con las instituciones para que se inicien y lleven a efecto cuantos protocolos resulten necesarios para tejer la tupida red social que demanda la situación de ingravidez de las víctimas. AVEPA aboga por la fluidez en la comunicación entre los trabajadores sociales, las organizaciones que protegen a los niños y las que amparan a los animales pero, como planteó Juan Mª Josa, miembro de Veterinarios por el Bienestar Animal, no basta con que el profesional se involucre hasta el extremo de que su compromiso moral con la sociedad le empuje a actuar de manera tan intrépida como inútil. Porque resulta del todo inefectivo que los veterinarios denuncien si no existe un reglamento que, en primer lugar, sirva para dirimir sus dudas en torno al bienestar de las mascotas y, en última instancia, respalde a los profesionales. Sin un reglamento adecuado, aquéllos a quienes se intenta proteger entrarán, como viene ocurriendo en sucesivas ocasiones, en un doble circuito del maltrato: el que se desencadena cuando se producen mayores perjuicios que los que se pretendieron atajar.
Begoña Román, Profesora de Ética de la Universidad Ramón Llull, fue concluyente en este punto. La urgencia del mal obliga a los veterinarios a intervenir. La prudencia y la moderación son virtudes que deben orientarlos, sin dejar en un segundo plano otras que, como la empatía y el coraje, hacen que el profesional no pueda mirar a otro lado sin ser cómplice de la atrocidad. No es suficiente la angustia, por más que refleje un sentido de la responsabilidad y del pundonor. Ahora bien, por lo mismo, el legislador debe igualmente cambiar la norma, porque la ley también genera un imperativo moral. El maltrato animal, en suma, nos incumbe a todos porque a todos afecta la violencia. “Cuando se maltrata a un animal, no sólo se pone en peligro su vida. También la persona se denigra y envilece”. Según Román, hay que ofrecer al agresor la oportunidad de restituir la dignidad que ha perdido. Pero esto es algo que pasa, inexorablemente, por la sanción. En ello estriba la función moralizadora del castigo.
Las normas tienen, no obstante, una función disuasiva. En ALBA trabajamos para que los animales no sufran los desajustes de la delicada articulación entre los individuos y el sistema normativo. De ahí que insistamos en la necesidad de una Ley que los salvaguarde contra el maltrato no sólo para castigar al agresor sino para evitar el daño antes de que se produzca. Según afirmó el Magistrado del Consejo General del Poder Judicial, Joaquín Delgado, los animales quedan fuera del paraguas de protección de la que se ha llamado en los últimos tiempos “violencia doméstica”. Ni tan siquiera son contemplados por el legislador como sujetos de derechos. Pero la creciente sensibilidad social hacia el sufrimiento de los animales ha dejado en evidencia la incapacidad de los juristas para atender las nuevas demandas sociales de una ciudadanía cada vez más culta e informada. La iniciativa del fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, para que se introduzca una propuesta de reforma del Código Penal que endurezca la pena por maltrato de animales domésticos es un síntoma de estos cambios a los que el Gobierno se muestra receptivo. Tanto es así, que el Ejecutivo acaba de anunciar su intención de elaborar una Ley de Protección Animal que acabe con el desconcierto que se produce en la desigual aplicación de la norma tal y como se venía llevando a efecto en las diferentes comunidades autónomas.
