La Guardia Civil, en el marco de la Operación BATUTA, ha detenido a 6 personas en Badajoz capital y en la localidad Villalba de los Barros, de edades comprendidas entre los 27 y 33 años, por el robo de 34 perros de raza galgo español. Hasta el momento se han devuelto 9 de ellos a sus legítimos propietarios.
Los agentes han inspeccionado un solar en la barriada pacense de Las Moreras, donde se han encontrado numerosos perros que presentaban cicatrices en el cuello, indicios que llevaron a suponer un cambio del microchip de identificación individual, implantados de forma subcutánea. Por ello, se retiraron del lugar un total de 16 perros de raza galgo español, ya que podrían haber sido sustraídos a sus legítimos propietarios.
Posteriormente se comprobó que algunos de estos perros habían sido sustraídos en las localidades de de La Garrovilla, y Valdivia, y se detuvo a cuatro vecinos de la barriada de Las Moreras.
Los agentes registraron en la localidad de Villalba de los Barros (Badajoz) otro lugar donde podrían existir perros robados, donde intervinieron 18 galgos que presentaban significativas irregularidades como la implantación de dos microchips en un mismo perro y heridas en el cuello que tenían incluso puntos de sutura aún recientes. Además comprobaron que la documentación de los animales presentaba numerosas carencias y anomalías.
Asimismo se hallaron numerosos objetos relacionados con la indebida manipulación en los animales, como diversos elementos de identificación electrónicos “microchips”, instrumentos para su implantación, viales de vacunación y 36 pasaportes de animales de compañía, algunos pertenecientes a animales ya fallecidos.
Tras ello, se detuvo a una persona por la sustracción de los animales e intrusismo profesional, ya que había implantado a los galgos microchips y les había vacunado sin estar facultado para ello.
Por otro lado, los agentes han detenido a un veterinario de la zona que tenía asignados los microchips que se había implantado de forma indebida a los perros sustraídos.
Los perros, una vez sustraídos a sus propietarios, eran usados para la caza, o como moneda de pago, venta o trueque. Para dificultar la labor inspectora de los agentes, cambiaban el identificador electrónico del animal “microchip”. En los casos en los que los perros carecían de este dispositivo acudían a un veterinario para implantárselo, pero cuando ya lo tenían se los extraían ellos mismos subcutáneamente para colocarles posteriormente otro.
Para documentar al animal, usaban la identidad de animales de similares características ya fallecidos a los que les fueron extraídos su identificador.
La operación se encuentra aún abierta. Hasta el momento se han esclarecido siete hechos delictivos. Las fotografías de los animales han sido difundidas a provincias limítrofes para que puedan ser reconocidos por sus propietarios.
Los animales se entregaron a la autoridad judicial en centros oficiales y otros fueron entregados a sus propietarios.
Asimismo, los detenidos junto con el material intervenido han sido puestos a disposición judicial.
En la operación han participado agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA).
